Paz injusta: política educativa de reparación total

Abstract

Bogotá enfrenta una crisis educativa sin precedentes al concentrar 374,655 víctimas del conflicto armado, de las cuales 67,912 son menores de 18 años que convergen tres condiciones de especial protección constitucional: ser víctimas, ser niños y ser campesinos. El hallazgo principal revela una brecha crítica en los Lineamientos de la Política Educativa Rural (LPER): mientras la población rural proyecta crecer de 25,166 (2018) a 37,829 habitantes (2035), la política carece de mecanismos de justicia transicional para atender familias desplazadas que se asientan en la ruralidad capitalina. Esta omisión, no es intencional, pero es particularmente grave si se considera que el gobierno nacional ha destinado recursos significativos para reparación de víctimas, pero sin articulación efectiva con las instituciones educativas distritales. La recomendación prioritaria es incorporar mecanismos de justicia transicional en los LPER, estableciendo currículos diferenciados, programas de alimentación escolar fortalecidos y proyectos productivos que garanticen trayectorias educativas completas. Esta intervención requiere incrementar el presupuesto distrital asignado y articular la Secretaría de Educación con la Unidad de Víctimas, lo que posibilita convertir a Bogotá en modelo nacional de reparación educativa integral para población rural víctima del conflicto