Caminos de protección: difusión de la ruta de atención en violencias basadas en género en el municipio de Tibú – Norte de Santander

Abstract

En un territorio donde aún es ineficiente el acceso a la justicia y en el que las mujeres han sido vulneradas debido a múltiples situaciones relacionadas con el conflicto armado en el marco de una violencia estructural y cultural como lo menciona Galtung (1969), en el cual han sido víctimas de abuso física, psicológica y sexual, ya que han vivido históricamente en un paisaje de desigualdad prevalente con respecto a los hombres, por no disponer de recursos y oportunidades económicas y por creencias frente a que la mujer sólo debe ocuparse de trabajos de cuidado en el hogar.las personas, sin importar sus diferencias, deben recibir el mismo trato ante la ley. La otra es desde la igualdad material, que reconoce que no todas las personas parten de las mismas condiciones y que, por eso, la ley puede dar apoyos o tratos especiales para equilibrar las oportunidades de quienes están en desventaja o han sido marginados. Es decir, el acceso a la justicia busca que todas las personas puedan acceder a sus derechos de una forma real y efectiva, no solo en teoría (Van de Meene & Van Rooij, 2008; Corte Constitucional, 1992). Los habitantes del campo en Colombia enfrentan graves problemas de acceso a la justicia, lo cual ha permitido configurar soluciones retóricas, sin embargo, no se ha materializado el desarrollo de propuestas efectivas. Por diversos motivos (ubicación geográfica, capacidad económica, información, conflicto armado) el Estado no ha ejercido plenamente su soberanía sobre los territorios apartados, ni ha logrado llevar justicia a las poblaciones habitantes de zonas rurales (García Villegas, 2008). En este contexto, las desigualdades de la mujer rural son como las raíces de un árbol: profundas (históricas y estructurales), se ramifican en todas las áreas de su vida (economía, cuidados, política, entre otros) y cuando llega la tormenta (la crisis), el árbol se sostiene por las ramas de la comunidad, porque aun a pesar del trabajo que desarrolla la institucionalidad, las comunidades dudan en acudir a ella porque aún no la reconocen como un entorno protector. Las mujeres se consideran como un sector excluido e invisibilizado, puesto que son quienes han padecido en carne propia todos los impactos de la guerra, que se manifiestan en violencia sobre sus cuerpos, su vida, su familia y su entorno. Los funcionarios del sistema de justicia han sido víctimas de amenazas, asesinatos e intimidaciones. Es prudente señalar que diferentes organizaciones no gubernamentales en coordinación con las últimas dos administraciones municipales han desarrollado acciones en pro de reflexionar sobre el autocuidado y construir redes de apoyo y cuidado en la comunidad para la prevención de VBG, encuentros de sanación, círculos de cuidado, talleres, movilizaciones y espacios de diálogo han permitido que las mujeres alcen la voz, algo que antes muchas no temían hacer por miedo Actualmente, se ha efectuado un avance muy significativo en la historia del municipio, se ha establecido la ruta de atención a víctimas de violencias basadas en género, lo que significa un hito histórico para la población, en especial para las mujeres que pueden acceder a los servicios institucionales, es decir existen algunas nociones sobre a donde acercarse en caso de ser vulneradas. Aunado a lo anterior, el municipio se ha comprometido con el proceso, generando acciones de estabilización primaria a las víctimas y, ha considerado conjuntamente con organizaciones la implementación de estrategias comunicativas a través de la emisora comunitaria, carteles y de colectivos de mujeres que han abanderado procesos en el territorio en torno a la prevención de las violencias basadas en género.